El fallo de la Corte Constitucional en el que se reconoce y exalta la partería como saber ancestral y patrimonio cultural de la Nación es un enorme logro para las comunidades del Pacífico, portadoras de esta práctica ancestral, pero también un gran avance para que su importante labor sea realmente valorada por el Estado. La decisión exhortó al Ministerio de Salud a integrar a las parteras al sistema general de seguridad social en salud y al Congreso de la República a legislar sobre este tema.
Las parteras, matronas o comadronas, son aquellas personas que asisten a las madres durante el embarazo, parto y el posparto, mediante el uso de plantas tradicionales y su saber ancestral. Se trata de una práctica común entre las comunidades negras, afrodescendientes, raizales o palenqueras de nuestro Litoral Pacífico, que tienen mayor incidencia en el departamento del Chocó y en Buenaventura. Se tiene registro de más de 1.600 parteras en toda la región, quienes están agrupadas en diversas asociaciones.
Como médica, realicé estudios sobre la natalidad en zonas muy alejadas y pude darme cuenta del papel ejemplar que desempeñan las parteras tradicionales en sus comunidades, porque traen bebés al mundo en zonas donde no llega el Estado. Ellas son salud, comunidad y maternidad. Además, en los partos naturales asistidos por parteras se ha demostrado que la tasa de infecciones en la madre y en el recién nacido son menores.
De acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, Unfpa, “las parteras salvan vidas”. Citando el informe ‘El Estado de las Parteras en el Mundo’, la entidad asegura que si todas las parteras fueran capacitadas, podrían evitar aproximadamente dos tercios de todas las muertes maternas y neonatales. Y agrega que ellas también podrían prestar el 87 % de los servicios esenciales de salud sexual, reproductiva, materna y neonatal. Esta última opinión la compartió la Corte Constitucional en la sentencia que expidió y que respondió así a una acción de tutela entablada por un grupo de asociaciones del Pacífico.
En mi opinión, tenemos que reconocer la desprotección en que se encuentran quienes ejercen esta práctica ancestral, un hecho que se hizo evidente durante la Pandemia. Según la Asociación de Parteras Tradicionales de Buenaventura, Asoparupa, durante la emergencia sanitaria siete parteras fallecieron contagiada por Covid 19, pues a pesar de atender a pacientes contagiados con el virus, no fueron tenidas en cuenta como talento humano por parte de las autoridades de salud, tampoco tuvieron acompañamiento ni recibieron elementos para su protección personal ni fueron priorizados dentro del plan de vacunación contra esta enfermedad.
Precisamente, por entender la importancia de esta práctica ancestral y su impacto en la salud de la comunidad, en el 2009, siendo senadora de la República, fui una de las impulsoras del proyecto de Ley de Partería que buscaba reconocer a la partera como proveedora primaria de servicios de salud dirigidos a las necesidades individuales de cada madre y bebé, y regular el ejercicio de su labor a través de capacitación. Desafortunadamente esta propuesta fue archivada.
Luego, durante mi labor como Gobernadora del Valle del Cauca, además de fortalecer a Asoparupa como asociación, impulsamos un programa de capacitación a más de 300 de sus integrantes para convertirlas en promotoras de salud, y así pudieran salir de casa en casa capacitando a las mujeres para prevenir enfermedades y promover la salud de niños y jóvenes. También las incluimos dentro del Plan Decenal para la población Afro del Valle del Cauca, el primero que se realizó en el país.
Ahora, el futuro de las parteras está señalado por este fallo de la Corte que conmina al Ministerio de Salud y al Congreso a emprender acciones. Además de establecer un reconocimiento económico temporal a las agremiaciones accionantes, se deberá desarrollar una campaña de vacunación y pruebas del Covid, entre quienes la practican, así como legislar para incorporarlos al sistema de salud.
Quedamos a la espera de que se implementen las medidas pertinentes con las cuales, además de hacer un justo reconocimiento a una práctica ancestral, se podrá mejorar el acceso a la salud de millares de mujeres y disminuir la mortalidad materna en una de las regiones más apartadas y olvidadas del país.
