Los hechos violentos ocurridos en los últimos días en el país como el asesinato selectivo de 27 personas en Arauca, el atentado contra miembros del Esmad en Cali o el asesinato de dos policías en el Meta, en hechos atribuidos a grupos al margen de la ley, merecen el total rechazo de la sociedad y un llamado urgente al Estado para que preste mayor atención no sólo a la seguridad como tal, sino a todos los factores sociales que generan la violencia.
Las cifras son desalentadoras. Según la fundación Indepaz, en el 2021 el país cerró con el trágico saldo de 94 masacres que dejaron más de 300 víctimas. Y de acuerdo con el Ministerio de Defensa, hasta el mes de noviembre del año pasado ocurrieron 12.787 homicidios, una cifra que no se había alcanzado en los últimos siete años.
Si bien es muy posible que existan fuerzas oscuras que pretenden afectar el orden público en el marco de las jornadas electorales que se realizarán en marzo y mayo de este año, también lo es que el país padece grandes desigualdades que profundizan las brechas sociales y sirven de caldo de cultivo para la generación de hechos violentos como los que hemos visto.
Por eso considero que no se trata solo de trabajar por la seguridad urbana y rural que está siendo tan afectada por la delincuencia y el narcotráfico. Es necesario también generar seguridad alimentaria, seguridad jurídica y ambiental, para que el accionar del Estado le devuelva a la ciudadanía la tranquilidad y la confianza que necesita para salir adelante.
Sin embargo, para llegar a esa seguridad hay que apostarle a las grandes transformaciones sociales que necesita el país las cuales deben estar encaminadas a generar más empleo y competitividad. También se requiere de una política social que combata las desigualdades y que fortalezca el empleo para los jóvenes y las mujeres; que proporcione educación pertinente y una cobertura en salud con calidad para todos y que genere redes de protección social para las personas más desprotegidas.
Además, hay que profundizar en la implementación de los acuerdos de paz. Pero debemos ir más allá. Tenemos que trabajar conjuntamente para lograr bienestar y calidad de vida para todos, ahí estaremos logrando esa paz tan anhelada.
Regiones como Cali, Arauca o el Cauca no merecen ser el epicentro del crimen en el país. En el caso de la capital del Valle, por ejemplo, es una de las ciudades con más homicidios y no podemos seguir pagando la factura de la violencia crónica.
En ese contexto, se hace urgente que se implemente una estrategia real para reducir la violencia en regiones especialmente en las más apartadas y vulnerables, en donde hemos visto un preocupante aumento de masacres y actos terroristas en los últimos meses. Para ellos, se necesita un liderazgo nacional, articulado con las regiones.
Por otra parte, es importante apoyar y respaldar a nuestras Fuerzas Públicas. Son indispensables para frenar el avance del crimen y del terrorismo en nuestro país. Desde luego, también necesitamos mejorar las condiciones de los uniformados; establecer marcos claros de acción, y mejorar las fallas que se dan en la institución, las cuales son innegables.
En mi opinión, el terrorismo y la inseguridad que afectan a Colombia se vencen aplicando la fuerza del Estado y al tiempo, reduciendo las brechas sociales que le permiten alimentarse. Trabajar en uno de esos frentes es insuficiente. Solo con una seguridad integral, donde se tenga en cuenta la tranquilidad y el bienestar de las comunidades, podremos retomar la senda del desarrollo.
Pero la seguridad no sólo es responsabilidad del Estado sino de la sociedad en su conjunto. Por eso, mi llamado es a acabar con la espiral de violencia que tanto nos ha afectado como país y que iniciemos una era de consensos, acuerdos y acercamientos sobre los asuntos fundamentales. Si logramos superar la violencia vamos a poder construir ese país justo, incluyente y en paz que tanto anhelamos.
