Por Dilian Francisca Toro Torres
La vida de los bonaverenses no puede continuar a merced de la delincuencia y sufriendo el horror de la violencia en sus calles, tal como se ha visto con los recientes hechos de orden público en los cuales grupos armados al margen de la ley están sembrando el miedo y el terror entre la población indefensa.
Se trata de una tragedia humanitaria en la que la población está amenazada por el imperio de las balas, en un territorio que es estratégico para el país al ser el principal puerto sobre el Pacífico. Según el Comité Intergremial e Interempresarial de Buenaventura, la ciudad se ha visto impactada por hechos de homicidios, extorsión, hurtos y hasta secuestros, que generaron el año pasado el cierre de 215 establecimientos, mientras que los bloqueos al corredor Buenaventura-Loboguerrero-Dagua han afectado el flujo de la carga de importación y exportación, así como la movilización de pasajeros, dejando pérdidas incalculables.
Pero la violencia es solo la punta del iceberg de una situación profundamente compleja caracterizada por la falta de acceso de la mayoría de la población a la vivienda, salud, empleo, acueducto, saneamiento básico, educación, energía o justicia, factores que han deteriorado el tejido social, empujando a la gente a padecer la pobreza y abandono que históricamente ha vivido. Según cifras del Dane, en 2022 el Distrito registró una tasa de desempleo del 25,9 %, muy superior al promedio nacional.
Reconozco que se están haciendo esfuerzos por resolver el conflicto en esta región como el Laboratorio de Paz propuesto por el Gobierno Nacional, una iniciativa que comparto siempre y cuando se haga dentro del marco de la ley. También, la Iglesia ha hecho gestiones para generar diálogos entre los actores armados y la sociedad. Sin embargo, los resultados de estas acciones no han conseguido que la totalidad de las organizaciones criminales que operan allí dejen de someter a la población y respeten su vida.
Es por esto que considero que el Distrito necesita la presencia urgente del gobierno Nacional el cual, en articulación con las autoridades y diversos sectores departamentales y distritales, debe desarrollar un plan integral para establecer el control en el territorio, acompañado de una declaratoria de Emergencia Económica y Social, que permita tomar acciones inmediatas para enfrentar la grave situación.
De acuerdo con nuestra Constitución Política, el presidente de la República puede establecer una declaratoria de Estado de Emergencia cuando se presenten hechos que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico y social o que constituyan una calamidad pública. La medida permite al Estado expedir decretos que tienen fuerza de ley, para así enfrentar la situación de manera rápida y efectiva.
En mi opinión es urgente implementar una medida de estas características en Buenaventura, como se acaba de hacer en la Guajira, que permita de una vez por todas iniciar procesos resolutivos en aspectos fundamentales tales como la educación, la salud, el empleo, así como infraestructura, saneamiento básico y servicios públicos, entre otros, para combatir la exclusión, la pobreza y la injustica. Y desde luego, hay que combatir factores como la inseguridad, el asesinato y la extorsión, no sólo con el uso de la fuerza, sino también mediante estrategias de inteligencia por parte de las autoridades. Todo ello, dentro de una planeación presupuestal que garantice la posibilidad de su ejecución y sostenibilidad en el tiempo.
Como vallecaucana me duele profundamente lo que le ocurre a una comunidad que ha sido tan valerosa y resiliente, tan rica culturalmente y que habita una de las regiones más biodiversas del mundo. Precisamente, durante mi gestión en la gobernación del Valle del Cauca realizamos una inversión superior a los $100.000 millones dirigida especialmente para el beneficio de la juventud, la mujer y sectores vulnerables de la comunidad, para lo cual implementamos proyectos e inversiones para el deporte, la cultura, acueducto e infraestructura.
Fue una labor que logramos convocando a todos los sectores: público, privado, la academia y la comunidad, para construir soluciones. Lamentablemente factores como la pandemia y el estallido social, causaron retrocesos en muchos de los avances que se habían logrado en materia de inclusión social para la región.
Estoy convencida de que a Buenaventura la podemos recuperar con la unión y el compromiso de todos los sectores, sólo así podremos superar la crisis social y económica que viven sus habitantes. Mi llamado a los actores de este conflicto es a deponer las armas, a dejar de extorsionar, asesinar y secuestrar. La violencia no es el camino y, por el contrario, no es posible seguir sometiendo a esta comunidad al dolor, la desesperanza y la muerte. Los vallecaucanos y bonaverenses saben que pueden contar conmigo y que estaré presta a aportar en la construcción de soluciones estructurales que nos lleven a superar los males que aquejan a la gente de esta región.
